El escándalo de los "Corral Papers", la causa donde se investigan presuntas irregularidades en la entrega de fondos a Asociaciones Civiles que tendrían vínculos políticos con el presidente de la UCR, derivó este martes en el allanamiento de las oficinas de Desarrollo Social y de Hacienda de la Municipalidad de Santa Fe

El allanamiento, donde participaron peritos informáticos y se secuestró documentación de ambas dependencias, fue ordenado por el fiscal Roberto Apullán a partir de una investigación periodística denominada #CorralPapers que podría generarle más de un dolor de cabeza al intendente de la Ciudad de Santa Fe.

"Estamos a disposición de la justicia porque queremos que las instituciones funcionen correctamente", sostuvo Andrea Valsagna, secretaria de Comunicación y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad y la encargada de dar las explicaciones oficiales mientras se llevaba adelante el operativo que duró varias horas. Valsagna intentó minimizar la situación y limitó el accionar del juzgado a un "requerimiento de información y como nosotros somos respetuosos de las instituciones, estamos a disposición".

Sin embargo, las consecuencias del escándalo por desvío de fondos millonarios a funcionarios y punteros que responden a José Corral son difíciles de mesurar y ya ha generado ruido hacia adentro de Cambiemos, sobre todo con Lilita Carrió que evita mostrarse con el intendente cada vez que visita Santa Fe.

Es que Lilita ya había sido informada sobre la forma en que se maneja el radical en el territorio o con los adversarios hacia adentro de Cambiemos. Tal es así que el hermano de Lucila Lehmann, candidata a diputada y mimada de Carrió en Santa Fe, sufrió en carne propia el desplante de Corral durante la PASO y Lilita no se la perdonó.

Ahora, a partir de las denuncias públicas y judiciales, en Cambiemos no descartan que las diferencias con Corral se profundicen y después de las elecciones empiece la pelea por posicionarse hacia el 2019.

Corral Papers

Un consorcio de once periodistas pertenecientes a distintos medios de la ciudad de Santa Fe realizó una exhaustiva investigación que evidenció una sofisticada red de "financiamiento ilegal de punteros políticos con fondos públicos", según indica el informe presentado.

La investigación comenzó a partir de la filtración de archivos digitales pertenecientes al secretario de Desarrollo Social, Carlos Medrano, que contenía información de la dependencia y donde constataron serias irregularidades en el Programa de Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo.

Según advirtieron los periodistas, entre los beneficiarios del Programa había empleados municipales, punteros y hasta funcionarios que figuraban como autoridades de entidades sin fines de lucro y que eran acreedoras de importantes partidas, algo que la normativa que regula la entrega de subsidios prohíbe expresamente.

Además, observaron que no existen licitaciones ni concursos de precios y que los informes periódicos de rendición que estipula la ordenanza tampoco están presentados mientras que las partidas destinadas para este programa se acrecienta año a año, sobre todo en épocas electorales, según denunciaron los autores de Corral Papers.

El Programa de Iniciativas Comunitarias está regulado por la Ordenanza 10.100 y contempla la posibilidad de celebrar convenios con instituciones y ONG para la realización "de pequeñas obras y servicios que ocupen mano de obra de modo intensivo".

Claro que la misma ordenanza estipula límites bien definidos respecto a quienes pueden acceder al Programa y quienes no: "en ningún caso el personal afectado a la realización de los trabajos guardará relación laboral alguna con la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe".

A pesar de ello, según los dictámenes filtrados, "son 65 los empleados municipales que integran entidades no gubernamentales que se benefician con estos fondos". De hecho, el secretario de Desarrollo Social había creado una planilla Excel que denominó "NO PUEDEN CELEBRAR CONVENIO CONFORME ESTATUTO", aunque 35 de esas entidades tuvieron convenios dentro del programa.

Entre los beneficiados con estas partidas también hay ex candidatos del sector de Corral como la empleada de la Municipalidad, Amelia Catalina Beorlegui, presidenta de la Asociación Civil Ciudadela Centro que recibió desde el 2013 casi tres millones de pesos.

Amelia Beorlegui junto al candidato a concejal Carlos Pereira repartiendo volantes de Cambiemos

De hecho, el síndico suplente de la misma entidad, Esteban Aignasse, fue concejal hasta el 2009 en la lista del actual intendente. Por otra parte, Orlindo Emiro Ruiz Díaz quien encabeza la Asociación Civil "Centro Comunitario Colastiné Solidario" recibió más de tres millones y medio desde el 2014 a la fecha y también abonó en la lista del radical en el 2005.

Entre otros favorecidos, se encuentran reconocidos punteros oficialistas, barras bravas con frondosos prontuarios y militantes del radicalismo que ahora están encolumnados en Cambiemos pero que hasta hace dos años pertenecían al Frente Progresista.

Por otro lado, en la documentación publicada se advierte que tampoco se respetaron los procedimientos administrativos correspondientes ya que según la ordenanza debería haber concursos de precios y la documentación parece indicar que estrían fraguadas.

Tampoco se presentaron los informes "trimestralmente al Honorable Concejo Municipal de las adjudicaciones efectuadas bajo el régimen" a pesar de los insistentes pedidos de los bloques opositores. Por su parte, el Tribunal de Cuentas, el órgano controlador por excelencia, nunca observó ninguna irregularidad.

Para este año, el presupuesto del área es superior a los 95 millones de pesos de los cuales, en los primeros 8 meses, se ejecutó casi el 80 por ciento de la partida. Además, el dinero destinado al programa fue aumentando cada año llegando a acumular en los últimos cuatro el 285%.